Por encima de la ley

Mauricio Funes se ha planteado como un tercero en discordia que va a luchar contra ARENA y el FMLN para establecer un régimen moderado en el país. Hay mucha gente que le ha creído, gente que jamás hubieran votado por el FMLN por extremista pero que están dispuestos a votar por Mauricio Funes porque lo ven como un líder moderno que podría establecer nuevos estándares de probidad y eficiencia en el gobierno. Por varios meses él se concentró en dar esta imagen, con bastante éxito. En el último mes, sin embargo, esta imagen ha chocado contra actuaciones en las que él ha mostrado que su imagen es sólo eso --una imagen-- y que en vez de anunciar la venida de un régimen más moderno él --no sólo el FMLN sino él, personalmente, también-- tiraría al país a patrones de conducta que recuerdan lo peor de los regímenes de nuestro pasado.

En una dimensión, la del manejo de los fondos públicos, Funes ha evidenciado tener la misma actitud que tenían los regímenes del Siglo XIX en nuestro país, cuando los presidentes y líderes políticos no tenían ninguna vergüenza en pasar fondos públicos a sus cuentas personales y defendían su derecho a hacerlo cuando los descubrían. Recientemente se descubrió que Funes tiene varios millones de dólares que pertenecen al FMLN (y en última instancia al gobierno) en su cuenta personal en un banco local. Él explicó que esos fondos se los había prestado un empresario amigo para la campaña. El dinero es parte de fondos públicos porque él mismo dice que el préstamo lo pagará con fondos de la deuda política, los recursos de los contribuyentes que el gobierno da a cada uno de los partidos políticos. Es decir, de acuerdo con Funes, él tiene varios millones en su cuenta personal que representan un préstamo que le hizo un empresario amigo y que pagará con dinero que el gobierno dará, no a él, sino al FMLN.

La presencia de los millones en la cuenta del candidato va en contra de la separación que debe existir en cualquier manejo ordenado de fondos políticos entre los fondos institucionales del partido y los fondos personales del candidato. Este es un principio que da formalidad al manejo de los fondos y que introduce un elemento de control en dicho manejo, que normalmente incluye que ningún fondo es erogado sin contar con al menos dos firmas responsables. Siguiendo este principio, y para evitar abusos, los fondos de la deuda política salen a nombre del partido, no de personas. Depositar fondos públicos en cuentas personales es realmente el colmo de la falta de transparencia y control. Si Mauricio Funes piensa manejar así los fondos públicos estaríamos muy mal en términos de transparencia financiera si él ganara la presidencia.

Otro tema que surge de la presencia de los millones en la cuenta de Mauricio Funes es la de la propiedad o impropiedad de recibir un préstamo tan grande de empresarios que pueden beneficiarse de acciones y decisiones tomadas por el gobierno. Es obvio que los préstamos de este tipo establecen obligaciones privadas que luego pueden pesar en decisiones que deberían de tomarse sobre consideraciones estrictamente públicas. Mauricio Funes puede decir que sólo a él y al prestamista les interesa saber cómo es que él le va a pagar esa deuda tan enorme después de las elecciones, pero la verdad es que nos interesa a todos los salvadoreños porque puede involucrar pagos en especie que nos perjudiquen a todos. Mauricio Funes puede decir que él nunca haría algo impropio. Pero, como la mujer del César, el presidente no sólo tiene que ser íntegro sino también parecerlo.

Mauricio Funes puede decir que el pueblo tiene que confiar en él. Eso sería aplicar doble estándar en el control de los fondos públicos, y tendríamos que modificar la Constitución para que diga que el pueblo tiene que establecer controles adecuados al uso de fondos públicos excepto cuando los maneje Mauricio Funes.

La idea que el candidato Mauricio Funes parece tener de que él está por encima de las leyes que se aplican a los demás, se manifiesta claramente en otro incidente: la calumnia que le levantó al candidato Rodrigo Ávila al afirmar que una revista guatemalteca había publicado evidencias de conductas sospechosas e impropias por parte de Ávila en el caso del asesinato de los diputados del Parlacen. La revista mencionada negó que hubiera publicado lo que Funes decía estar citando de ella. Funes no quiso disculparse, no quiso aclarar la verdad. Aparentemente, para Mauricio Funes, la obligación moral de reparar una calumnia se aplica a los demás, no a él.

Un tercer ejemplo de este tipo de comportamiento se ha evidenciado en las acusaciones que Funes ha hecho de que se está preparando un fraude sin presentar una sola prueba de que esto está sucediendo. Es lo mismo. Para él, la obligación de presentar pruebas al hacer acusaciones se aplica a todos, menos a Mauricio Funes.

Todo esto muestra una tendencia clara: es obvio que Mauricio Funes cree que las leyes están hechas para otros, no para él. Esta idea es la base del problema más serio que por siglos ha afectado el desarrollo político de nuestro país y de Latinoamérica en general: la falta de institucionalidad. Mauricio Funes representaría la vuelta a la soberbia de los caudillos que se consideraban por encima de la ley. Costó mucho superar la etapa de estos caudillos. No vayamos a elegirlos de nuevo.

*Máster en Economía, Northwestern University. Columnista de El Diario de Hoy.